Hay un debate abierto sobre uno de los más preciados valores de nuestra sociedad, la libertad de expresión y es que no es para menos el defender el poder de expresarnos en libertad. Pero cuando se le transfiere esta libertad a las empresas mediáticas privadas hay que verlo con ojos más críticos pues entran en juego los intereses de estas empresas sobre la formación de opinión y su deseo de prevalecer en el campo de la información para con su mercadeo de la información poder vender otros bienes y así crear jugosas ganancias. Esta fuerza sobre nuestros cuerpos y mentes hay que regularla, hay que balancearla por necesidad democrática pues treinta o cuarenta dueños de estos medios no pueden ni deben pautar lo que se ve, lee o escucha en el entorno poblacional así
también con los medios que controla el gobierno, claro a nombre del pueblo (y más en nuestro caso de sociedad colonial, en donde las determinaciones finales y firmes las deciden otras jurisdicciones y donde todo se destila y filtra para promover el continuismo).
Es así el trise caso de RCTV, que luego de 50 años de usufructo y explotación mediática se le cancela, por decisión soberana, la concesión del estado. Como por decisión soberana el Congreso de los Estados Unidos nos puede vender o negociar al mejor postor, admitido en su informe sobre la situación territorial de la isla.
RCTV (los Granier y toda la oligarquía tradicional incluida la Iglesia) fue parte del golpe, por comisión u omisión, al gobierno electodemocrático de Venezuela, además la empresa nunca gozó de reputacion intachable en cuanto al trato de su personal técnico y artístico dentro de los medios venezolanos. Y que hay de malo si los venezolanos optan por otra vía que no sea la que han tenido desde la invasón europea. Todo esto hay que tomarlo en cuenta para poder formar opinión y de eso hay concordancia pues de este derecho emanan deberes y responsabilidades y ante todos tendremos que responder.
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